MEXICALI, B.C., FEBRERO 17, 2018. Con el propósito de sustituir el concepto de trabajo por el de actividad; en virtud de la naturaleza obligatoria que la propia Ley otorga al servicio social, lo que se contrapone con lo establecido en el artículo 5º constitucional ya que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, el diputado Job Montoya Gaxiola (MC), presentó una iniciativa en esta materia.
En su argumentación destacó que el prestador de servicio social no desempeña un trabajo, señaló que no es un empleado, sino un estudiante o profesionista que desarrolla una actividad de apoyo relacionada con los estudios profesionales que realiza; por lo cual se cancela toda posibilidad de generar derechos laborales, que eventualmente pudieran derivar en demandas legales.
Montoya Gaxiola precisó que en la Ley se busca establecer de manera expresa, que sea la institución donde se desarrolla la actividad, la obligada a retribuir económicamente al estudiante. Asimismo agregó que cuando el servicio social se realice en el sector público, sean consideradas las previsiones presupuestales necesarias para dar coherencia y sentido al mismo.
El legislador de movimiento ciudadano expresó que el objetivo del servicio social, es contribuir a la integración de los estudiantes al mercado laboral; por lo que planteó que las actividades a realizar sean relacionadas con los estudios profesionales del educando. De igual forma, puntualizó que esta actividad pueda ser contemplada como experiencia laboral.
El congresista propuso que la Ley otorgue la posibilidad de acceder a un empleo formal a quienes hayan desarrollado esta actividad en el sector público, para lo cual planteó que los profesionistas y estudiantes sean considerados preferentemente en caso de que la institución o dependencia presente vacantes relacionadas con su profesión o con las actividades realizadas durante la prestación de su servicio social.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis jurídico, a fin de revisar su viabilidad y dictaminar en consecuencia.
