TIJUANA, OCTUBRE 09, 2018.- En la revisión de cuentas públicas del Estado, aunque van con dos años fiscales de atraso, la diputada Iraís Vázquez Aguiar, dijo percibir que el nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado no es “catastrófico”, o sea, indicó, “es manejable”.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXII Legislatura Estatal, explicó que la mayor parte de la deuda pública está en “verde”, o sea, es de largo plazo, y la denominada de corto plazo, hay algunos segmentos en color amarillo, pero ninguno en rojo.

Incluso, agregó en su exposición ante el foro semanal de la Asociación Nacional de Periodistas A.C. (ANPAC), con buenas estrategias en el manejo de los recursos, se puede volver a tener finanzas sanas.

Al ser cuestionada entonces sobre los faltantes 1500 millones de pesos sin ejercerse, que acusó el diputado Miguel Osuna Millán, Iraís Vázquez, aclaró que son recursos federales que siempre llegan retrasados a Baja California, y entre los procesos de licitación y adjudicación de las obras, el desface de los tiempos afecta en la aplicación de los recursos, y son naturales las observaciones de las auditorías; pero, por lo explicado, así va a ser siempre.

Eso afecta no solamente en los planes de desarrollo de infraestructura, también en materia de salud y de educación, observó la diputada.

En ese sentido, consideró injusto que Baja California, es el tercer mayor recaudador de impuestos federales y el número 28 en asignación de recursos para el sector salud, a pesar de ser el número uno en tuberculosis, y Sida, por solo mencionar algunos retos de salud en nuestro estado.

Consideró injusto, pues, que no solamente les devuelven el 20 por ciento de lo que envían a la Federación, sino que además de las restricciones en algunos rubros, los regresan hasta mediados del año o con mayor retraso, resultando más afectado el de los pagos a maestros.

Por lo anterior, la diputada Iraís Vázquez, exigió “justicia hacendaria” para Baja California.

Después de destacar entre sus iniciativas de ley la de disciplina financiera, enfatizó que se castigará a los funcionarios públicos que malversen recursos del erario con el decomiso de sus bienes y cuentas bancarias, y se vigilará que esos recursos sean después bien aplicados en las comunidades.

También, dijo que en lo relativo a la Ley de Salarios Máximos, para que haya tope y nadie gane más que el gobernador (66 mil pesos, según dijo), coincide con la nueva política salarial que implementará el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su gobierno.