MEXICALI, JULIO 1, 2020.- Al considerar las recientes noticias como “tendenciosas” acerca del contenido del dictamen no. 9 de la Comisión de Justicia, que versa sobre la Ley de Movilidad, el diputado Ramón Vázquez Valadez a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un posicionamiento relativo a la aprobación de dicho dictamen.
En la máxima tribuna, el legislador que preside la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de la XXIII Legislatura local, se refirió en primer término, a las sanciones a que se hacen acreedores quienes desarrollen actividades de transporte ilegal de personas.
Al respecto, resaltó que el Estado debe procurar y garantizar la plena seguridad a los usuarios de transporte público y privado, debido a que existen unidades que no cuentan con la concesión o permiso de la autoridad correspondiente, lo cual pone a los usuarios en un franco riesgo, ya que esto propicia que dichas unidades sean utilizadas para delinquir, por no poder ser rastreadas.
Señaló que la creación de organizaciones constituidas al margen de la Ley para el registro de vehículos automotores que fueron ingresados al territorio nacional y que se encuentren dentro del Estado de manera irregular, provoca inseguridad e incertidumbre legal.
No se está criminalizando a quien, por no contar con suficiente dinero, adquiere un vehículo, que alguien más internó al país, sin embargo, la venta de calcomanías, engomados, y demás relativos que realizan de manera ilegal grupos organizados, no está autorizada por la Ley, y a esas personas, se les aplicará todo el rigor de la misma, agregó.
Aunque es presunción, puntualizó, se tiene conocimiento de los hechos y tal como lo marca la creación del artículo 317-TER.- Tipo y punibilidad.- Al que con la intención de obstruir el desempeño legítimo de las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia o de encubrir o facilitar un delito, aceche, vigile o realice actos tendentes a obtener información sobre la ubicación o actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública o procuración de justicia, la justificación es que algunos de los operadores de estas unidades ilegales facilitan información a los grupos criminales para que puedan evadir las estrategias de seguridad pública.
Para tranquilidad de los operadores de prestación de servicio en plataformas digitales, el legislador les pide calma, puesto que la actividad ya se encuentra contemplada en la Ley de Movilidad, y en tanto no se hagan los ajustes necesarios nadie será molestado en su propiedad ni sujeto a ninguna sanción. “Esa es información tendenciosa que en nada abona al clima de tranquilidad del Estado en medio de esta pandemia”.
Por tales motivos, hizo un llamado a la unidad, a no mal informar a la ciudadanía con fines nada claros, porque a nadie conviene generar un clima de incertidumbre salvo que esté en contra del mismo pueblo.
Es la hora de trabajar por nuestro Baja California –enfatizó- y concluyo mi intervención recordándoles no solo a ustedes (diputados), sino a todos los ciudadanos que: “los gobiernos son de leyes más que de hombres”.
