Por: Amador Rodríguez Lozano

En 2014 sucedió algo aberrante en el estado de Baja California, sorpresivamente y casi en lo oscurito, el Congreso del aquel tiempo, dominado por el PAN y el PRI, violando el procedimiento para reformar la Constitución, decidieron que las elecciones del 2019, el periodo del gobernador solo durara dos años. Fue una reforma amañada, donde los ayuntamientos, parte fundamental para aprobar una reforma electoral no fueron notificados correctamente, en lugar del Sindico, en Tecate entregaron los documentos de la reforma a una afanadora, en Ensenada a la primera secretaria que encontraron y los mismo sucedió en Rosarito. Recuérdese que para que haya reforma constitucional, no solo basta que lo aprueben 17 diputados, sino que la deben aprobar, además, tres ayuntamientos como mínimo.

En Baja California existe la afirmativa ficta, que significa que si en un mes no responden los ayuntamientos se considera aprobada, eso hicieron aquellos diputados del 2014, fingieron notificar a los ayuntamientos y obvio nadie contesto porque nunca se entregó la documentación, paso el mes y se declaró aprobada una reforma que nadie conoció, que nadie protestó, que nadie criticó, a pesar del enorme daño que le hacía al estado. La acción de los diputados y los ayuntamientos en 2019 fue rectificar ese enorme y grave fraude constitucional que le hicieron los diputados del 2014 al estado de Baja California, al aprobar una reforma que recortó de 6 a dos años el periodo del gobernador.

Desde mucho antes de que iniciaran las campañas electorales del 2019, ni MORENA ni sus aliados estuvieron de acuerdo en el periodo de dos años ,que hicieron en 2014, desde ese momento se iniciaron las controversias jurídicas, en las cuales, en dos veces los tribunales le dieron la razón a los distintos impugnantes, en una, en Marzo del 2019,  modificaron el periodo para que fuera de cinco años, así estaba vigente cuando el Ing. Jaime Bonilla se  registró como candidato a gobernador, cinco horas después de su registro volvieron a cambiar  el período a dos años y por eso impugno el cambio , pues le generaban un grave daño al estado y a él le  violaba su derecho político a ser candidato por cinco años.

En otra ocasión, más adelante el período regresó a seis años, porque el Tribunal electoral decidió anular el octavo transitorio de la reforma de 2014 y que dejo vigente el artículo 44 de la Constitución de Baja California, que determina que el gobernador debe durar  seis años  y en dos ocasiones el Tribunal Federal electoral, integrado por tres priistas y tres panistas y una independiente, determinó que ambos recursos de Bonilla eran extemporáneos, que debió de haber impugnado la convocatoria del Instituto electoral el 5 de Enero del 2019, pero es un juicio absurdo, porque en esa fecha Bonilla no era candidato ni había decidido hacerlo, por lo tanto no tenía legitimidad, así que lo hizo cuando le causa daño la primera aplicación de esa reforma del 2014. Así que  por un problema de extemporaneidad, porque no entró el TRIFE nunca al fondo del asunto y simplemente lo rechazaron por estar fuera de tiempo el recurso, según ellos,   los magistrados federales priistas y panistas, dejando vigente la reforma del 2014. El Congreso local  modifico el período porque  consideró fundamental hacer la modificación con base en varios criterios, primero qué lo que se votó en el 2 de Junio, no fue él el periodo del gobernador, sino quién sería el titular del ejecutivo del Estado, toda vez que  tema siempre estuvo controvertido jurisdiccionalmente, además la anulación de los seis años, se dio tres días antes de la elección, sin prácticamente nadie supiera que el tribunal federal del PRIAN la

había revocado. El Instituto electoral no pago ninguna propaganda para hacer del conocimiento saber a los Bajacalifornianos que la elección seria por dos años, como era su responsabilidad. La mayoría dio por hecho que era por seis, así que esa falacia de los opositores de que se votó por dos años es mentira. Claro ellos son panistas, priistas y perredistas, por eso están en contra, para deteriorar a MORENA  y a AMLO.  Algunos de buena fe, pero sin investigar la verdad, solo para SENTIRSE BIEN, CRITICAN LA REFORMA, otros, del plano aprovechan para golpear al Presidente López Obrador, como el ardido de López Dóriga quien comento puras idioteces, al señalar que la reforma de Baja California servirá de precedente para que AMLO prorrogue su mandato, ha de haber vuelto a caer en el vicio.  Hay varios argumentos adicionales: que la elección dentro dos años le costaría más  de 500 millones de pesos, más a un estado que no tienen ni para pagar 1000 millones de pesos para que la universidad siga funcionando y que solo generara apatía y abstención. La gente  de verdad está cansada de tantas elecciones y de los partidos políticos.

Dos años no son suficientes para  desarrollar un verdadero programa de gobierno que resuelva los profundos problemas del estado de Baja California. ¿Qué es anticonstitucional?, mentira,   desde el punto de vista constitucional , la constitución general de la República en su artículo 116, establece que los gobiernos de los estados deben durar seis años,  por lo tanto la reforma no implica una violación constitucional, finalmente , no es una reforma electoral , es solamente una reforma que modifica el periodo de un gobierno que todavía no toma posesión, no es un gobierno en ejercicio , en este caso además, el bien jurídicamente tutelado de la reforma del 2019,  no es el poder político, sino el bien de la gente ,el beneficio general del pueblo , quién es el que sufrirá las consecuencias de errores políticos ,de  la reforma del 2014. Que como señale antes, no fue realizada conforme al procedimiento de la Constitución, pues los ayuntamientos nunca fueron notificados adecuadamente, sino  que fingieron notificarles y luego aplicaron la afirmativa ficta,  como no les contestaron en un mes, se dio por aprobada la reforma que establecía el periodo de dos años, es decir es una reforma ilegítima  y anticonstitucional, esa sí, de la cual todos los que ahora protestan , nunca levantaron su voz para condenarla , nunca la criticaron , nunca exigieron respeto a la legalidad , nunca hicieron, como se rasgan las vestiduras tantos ahora.

 

políticos.

Dos años no son suficientes para  desarrollar un verdadero programa de gobierno que resuelva los profundos problemas del estado de Baja California. ¿Qué es anticonstitucional?, mentira,   desde el punto de vista constitucional , la constitución general de la República en su artículo 116, establece que los gobiernos de los estados deben durar seis años,  por lo tanto la reforma no implica una violación constitucional, finalmente , no es una reforma electoral , es solamente una reforma que modifica el periodo de un gobierno que todavía no toma posesión, no es un gobierno en ejercicio , en este caso además, el bien jurídicamente tutelado de la reforma del 2019,  no es el poder político, sino el bien de la gente ,el beneficio general del pueblo , quién es el que sufrirá las consecuencias de errores políticos ,de  la reforma del 2014. Que como señale antes, no fue realizada conforme al procedimiento de la Constitución, pues los ayuntamientos nunca fueron notificados adecuadamente, sino  que fingieron notificarles y luego aplicaron la afirmativa ficta,  como no les contestaron en un mes, se dio por aprobada la reforma que establecía el periodo de dos años, es decir es una reforma ilegítima  y anticonstitucional, esa sí, de la cual todos los que ahora protestan , nunca levantaron su voz para condenarla , nunca la criticaron , nunca exigieron respeto a la legalidad , nunca hicieron, como se rasgan las vestiduras tantos ahora.

Aunque parezca repetitivo, los baja californianos en su mayoría nunca supieron  que tres días antes de la elección el tribunal electoral federal había modificado la decisión del tribunal electoral del estado, que había establecido que la elección duraría seis años, eso fue lo que voto la mayoría de la gente, nos dos como falsamente afirman.

En síntesis la reforma es legal legítima, apegada a la letra y espíritu de la Constitución y democráticamente apoyada por la mayoría del pueblo de Baja California.