CIUDAD DE MÉXICO, JUNIO 12, 2021.-La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consolidó el derecho de la población a conocer las acciones gubernamentales, fortaleciendo la confianza entre la sociedad y las autoridades y fomentando la participación social en los asuntos públicos.
La iniciativa de este marco normativo surgió del denominado Grupo Oaxaca, conformado por una generación de académicos, periodistas, legisladores y servidores públicos que derribaron la antigua cultura que daba por hecho que la información de las instituciones públicas pertenecía a las autoridades, para abrirla al escrutinio de la sociedad.
El 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor al día siguiente y cobró pleno vigor el 12 de junio de 2003 con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Abrir la información pública al escrutinio de la sociedad evita que los servidores públicos actúen protegidos por la opacidad, reduciendo la discrecionalidad en acciones y decisiones gubernamentales.
De 2003 al 31 de mayo de 2021 se han presentado 2 millones 368 mil 656 solicitudes de acceso a la información pública; de las cuales 124 mil 645 culminaron en un recurso de revisión presentado ante el otrora IFAI, ahora INAI.
En este periodo, los sujetos obligados con más solicitudes fueron la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Los sectores que han ejercido este derecho con mayor frecuencia han sido el académico, empresarial y gubernamental, así como representantes de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
Entre los temas más recurrentes de los requerimientos informativos destacan la estructura orgánica, remuneraciones, trámites, gastos, actividades de las instituciones, así como programas y subsidios.
Estos datos muestran la manera en que la transparencia y el acceso a la información ha permeado en la cultura institucional y en la sociedad mexicana, convirtiéndose en un sistema de contrapesos y controles, que empodera a la ciudadanía.
