CIUDAD DE MÉXICO, FEBRERO 19, 2021.-La huelga que mantiene secuestrada a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, cumple un año. El paro de labores sustentado en un recuento de votos fraudulento, representa la lucha contra las viejas prácticas de corrupción de las autoridades laborales.

Desde la llegada de la nueva administración el 21 de marzo de 2019, Notimex ha vivido un proceso de transformación. A partir de ese momento la dirección encabezada por la periodista Sanjuana Martínez inició un saneamiento de las finanzas que incluyó un importante reajuste de personal basado en el modelo de austeridad republicana del nuevo gobierno.

Al realizar un análisis de la situación, se identificó un grave daño patrimonial a consecuencia de la corrupción del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, SutNotimex, cuyo líder vitalicio Conrado García Velasco recibía entre 350 y 500 mil pesos por el concepto de “apoyo”.

El sindicato controlaba las contrataciones y despidos, el presupuesto e incluso la línea editorial de la agencia de noticias; además, vendía las plazas entre 80 y 150 mil pesos, y desviaba recursos en suntuosos viajes al extranjero, tenía contratados a decenas de familiares y sostenía una nómina paralela de más de 60 aviadores.

Al realizar una revisión de los perfiles laborales, la nueva administración se encontró con la falta de profesionalización, ya que más de la mitad del personal no contaba con estudios académicos para desarrollar su labor. Por ejemplo, había plazas de redactores, editores y reporteros que eran ocupadas por choferes y personal de limpieza.

Desde el primer día, el SutNotimex se opuso a la nueva administración de la Agencia, al saneamiento, el control presupuestal y a la perdida de privilegios. Fue así como boicoteó y difamó el trabajo del equipo de la nueva administración e inició una guerra sin cuartel que buscaba la renuncia o el despido de la directora Sanjuana Martínez.

A pesar de las múltiples mesas de negociación para cambiar un Contrato Colectivo de Trabajo que resultaba inviable, el 21 de febrero de 2020 los extrabajadores tomaron a la fuerza las instalaciones de la Agencia, pese que ésta denunció que la huelga era completamente ilegal porque el SutNotimex ya no tenía ningún afiliado dentro de Notimex.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) dirigida por María Eugenia Navarrete Rodríguez convocó a un recuento de votos para validar la huelga. Este recuento fue fraudulento porque las autoridades laborales aceptaron los votos de personal no sindicalizado, trabajadores liquidados y exempleados que desde hacía meses ya no pertenecía a la plantilla laboral. Notimex demostró 38 votos inválidos, lo cual convirtió en ilegal una huelga que dese el principio fue impuesta.

“Cometieron un fraude. Esta es una huelga impuesta por gente ajena a la agencia de noticias, una huelga ilegal que violenta el Estado de derecho”, dice el director jurídico de Notimex, Víctor Fernández Peña.

La agencia siguió funcionando y entregando su servicio informativo a sus más de 600 suscriptores, gracias a dos amparos otorgados para laboral, pero el 8 de junio de 2020, la Junta de Gobierno encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, desconoció dichos amparos por no haber sido notificados por parte de la autoridad federal a sus integrantes, sin considerar que los mismos no son parte del conflicto.

Es así que, desde hace ocho meses, Notimex se encuentra secuestrada por un sindicato corrupto avalado por autoridades laborales igualmente cuestionadas. Conrado García fue denunciado por actos de corrupción y su compañera Adriana Urrea Torres, tomó el relevo, sin realizar elecciones ni asamblea. Pese a todo, la STPS dirigida por la secretaria de Estado, Luisa María Alcalde, le otorgó una toma de nota que recientemente renovó hasta el 2023.

El abogado consideró que desde el inicio del conflicto sindical se ha demostrado la parcialidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pues han ignorado las denuncias interpuestas en contra del SutNotimex por actos de corrupción y continúan apoyando a este sindicato.

“Las audiencias que se han realizado sólo han buscado beneficiar a los extrabajadores en huelga, lo que deja ver, una vez más, la parcialidad de las autoridades laborales hacia el sindicato”, añade.

La nueva administración ha interpuesto ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), más de 130 denuncias contra miembros del SutNotimex, por robo, malversación de recursos, nepotismo, apropiación indebida, corrupción, entre otros delitos.

La lideresa del SutNotimex, Adriana Urrea Torres, fue citada ante la SFP por viajar a diferentes estados de la República, así como a Estados Unidos en 11 ocasiones, en Primera Clase, una vez a Brasil y cuatro a Europa entre septiembre de 2013 y 2016; todos con cargo al erario, lo que se traduce como un acto de corrupción.

Urrea Torres también es investigada por su relación con el exlíder sindical Conrado García Velasco, quien fue denunciado por el desvío millonario de fondos de la Agencia, así como por el delito de peculado, por el robo de información noticiosa de Notimex para su programa “Gira tus finanzas”.

La Agencia ha presentado pruebas irrefutables de las acciones corruptas tanto de la lideresa del SutNotimex como de los extrabajadores que mantienen la huelga, sin embargo, las autoridades laborales han ignorado las denuncias y siguen mostrando parcialidad a favor de los sindicalistas.

Muestra de lo anterior son las peticiones del sindicato que ascienden a 150 millones de pesos al año de los 178.5 millones de pesos de presupuesto asignados a la Agencia, lo cual es “imposible de costear y no hay forma de que se puedan pagar esas cantidades faraónica”, añadió el director Jurídico de Notimex.

“El SutNotimex insiste en la reinstalación de 43 personas y por medio de su lideresa, Adriana Urrea, exige 230 plazas sindicales, así como más de 245 mil pesos al mes bajo el concepto de ‘ayuda’ para el sindicato y licencia sindical de 364 días al año para su planilla”, agregó el representante legal de la agencia.

Notimex lamenta que, a pesar de haber asistido a todas las mesas de negociación, el SutNotimex insista en el chantaje. Desde el inicio del conflicto ha participado en más de una veintena de platicas, aunque se levantó de una de las mismas en protesta, por la presencia del abogado del líder vitalicio de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, ajeno al conflicto.

Fernández Peña concluye que “desde el principio esta huelga ha estado marcada por la injerencia de personas ajenas al conflicto. Insisto, la huelga de Notimex, es una huelga impuesta. Por lo tanto, exigimos la aplicación del estado de derecho y el fin del secuestro de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano”.