TIJUANA, JULIO 12, 2020. – El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, a nombre del Gobierno de Baja California interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de distintas autoridades por despojo y el uso excesivo de fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina Armada de México en la toma de la caseta de peaje de Playas de Tijuana.
¨Vengo a nombre del Gobierno de Baja California a presentar esta denuncia penal por abuso de autoridad, contra distintas autoridades, por ejercer estos derechos sin tener sustento jurídico, por despojo, ya que llegaron a las 3 de la mañana utilizando la fuerza sin que mediara la disposición de ningún juez, usaron la fuerza bruta, usaron la Marina Armada de México, el Ejército, la Guardia Nacional”, dijo Rodríguez Lozano.
El Secretario General de Gobierno explicó que la denuncia también contempla el uso ilícito de atribuciones y facultades, porque todas estas autoridades no tenían ningún derecho para poder otorgar concesiones como lo hicieron en 1997 y en el año 2011; asimismo la denuncia es por el ejercicio indebido del servicio público.
“Por eso vinimos a la FGR para poner esta denuncia en contra de los funcionarios que resulten responsables, desde los anteriores hasta las autoridades actuales que siguen manteniendo esa concesión basados en actos ilegales”, dijo el Titular de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, (SGG).
El funcionario estatal dijo que esta carretera fue construida por el entonces Presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz y la concesión se venció en el año de 1997; por lo que a partir de ese momento la carretera tuvo que haberse convertido en patrimonio de Baja California, una carretera de libre acceso.
Rodríguez Lozano explicó que a partir de entonces autoridades distintas como la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) Banobras, y posteriormente en otro sexenio nuevamente SCT y CAPUFE, sin tener derecho o autorización y sin estar basados en ninguna ley dieron una concesión primero por 20 años y luego por 40 años más.
“Esta última concesión la dieron en el 2011 sin hacerlo de conocimiento público, por lo que tendrían ellos derecho de mantener – sin tener las atribuciones – la utilización de esta carretera hasta el año hasta el año 2051, lo que es un gran abuso, por eso interpusimos esta denuncia penal”, finalizó diciendo el Secretario General de Gobierno.
