TIJUANA, OCTUBRE 09, 2018.- El doctor en derecho constitucional y especialista en materia electoral, Amador Rodríguez Lozano, consideró que quienes rechazan la posibilidad de cambiar el periodo de gobierno de dos a cinco años no han puesto atención en el texto constitucional que prohíbe solamente cambiar las leyes en materia federal electoral.
Consideró necesario la participación urgente de todos los actores políticos, para que se modifique lo que actualmente señala el artículo 105, que señala que no se podrá modificar el contenido sobre la reforma que se puede hacer después de 90 días del inicio del proceso electoral, “están equivocados”, porque no saben que hay recursos a los que se puede llegar para lograrlo, incluso un día antes de los comicios electorales.
Se pronunció en favor de que se cambie el periodo de gobierno de dos a cinco años, porque considera innecesario realizar un gasto millonario de recursos para realizar el proceso que lleve a un candidato a gobernar Baja California solamente dos años, pues además dijo que un programa de trabajo no se puede realizar en tan poco tiempo.
Fue más claro al precisar que lo único que se tendría que buscar es hacer una reforma que tiene que ver con la estructura orgánica del estado, porque no toca ninguna ley electoral, ningún principio electoral, ningún órgano electoral. No toca para nada ninguna ley electoral, pues es solamente una reforma al artículo Octavo transitorio de la Ley Electoral.
También consideró que hay otras leyes que requieren de algunas modificaciones, pero señaló que todas tienen su importancia, pero sobre todo en estos momentos, “es de suma importancia esa ley, porque los bajacalifornianos no estarán dispuestos a que se haga una elección para un gobierno solamente de dos años”.
Sobre la posibilidad de que el Congreso pudiera nombrar un gobernador interino, el cual pudiera cubrir ese periodo de dos años, para evitar ese millonario gasto, dijo que para eso tendría que realizarse el proceso electoral y si al día siguiente el candidato que ganó no se presentara, entonces el Congreso Local tendría la responsabilidad de nombrar un sustituto, pero el gasto ya se habría hecho, lo que resultaría más caro “el caldo que las albondigas”.
