TIJUANA, MAYO 6, 2021.-El gremio de abogados apela porque exista una autonomía financiera en el poder judicial, con el fin de que crezca y mejore la atención para la ciudadanía, ya que los gobiernos solo se han limitado a pagar salarios.

 

Así lo indicó el Lic. José Luis Molina Magaña, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California A.C. (Fedabo), quien señaló que el poder judicial se mantiene en un claro rezago en su infraestructura y capacidad.

“El poder judicial no tiene la autonomía financiera que requiere y Baja California ha sido omisa en ese sentido, los gobiernos anteriores, y no se diga el actual, no han tratado al poder judicial como se merece”, consideró.

Lo justo sería que el gobierno del estado le asignara, como mínimo, un 3% del presupuesto anual, con el objetivo de acrecentar la capacidad y generar más salas civiles y juzgados, y que no solo se le asignen recursos para pagar sueldos.

“Nosotros como Colegio hemos pedido que haya dos salas civiles en Tijuana, por ejemplo, y no ha sido satisfecha esa demanda por falta de presupuesto. Además, desde hace 18 años los trabajadores no han tenido aumento salarial, salvo los sindicalizados donde vemos que, prácticamente, ganan lo mismo que un secretario o un actuario, ¿cómo es eso posible?”, precisó el abogado.

Por su parte, el Lic. Abraham Montes Zavala, presidente del Colegio de Abogados José Luis Molina Magaña, recalcó que el poder judicial siempre ha sido el patito feo de las administraciones.

“En muchas ocasiones, los mismos gobiernos quieren designar magistrados, cuando eso sería un retroceso, y en cambio deberían permitir a los colegios intervenir en la designación de los mejores perfiles, porque somos nosotros quienes los conocemos y sabemos de su capacidad, de su calidad moral y ética”, anotó.

Por último, el Lic. Montes Zavala aseguró que el gremio de abogados insistirá con los candidatos en la necesidad de revertir situaciones como la donación del edificio de gobierno del estado a la UABC, el despojo de las instalaciones de la biblioteca Benito Juárez, entre otras.