TIJUANA,BC, NOVIEMBRE 5, 2020.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) dirigió una Alerta Temprana a los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate y Tijuana, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que emitan las disposiciones reglamentarias y medidas necesarias para desarrollar y hacer efectivo el derecho a la seguridad social de las y los policías municipales y estatales.
En rueda de prensa, junto con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) del estado y la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de Baja California (Ceapbc), el ombudsperson, Miguel Mora, informó que, para tal efecto, el Organismo solicita a las autoridades mencionadas atender lo estipulado en la fracción V del artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Baja California, así como dar cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto No. 125 publicado con fecha 10 de noviembre de 2017, y atendiendo a lo previsto por el artículo 131 Bis de dicha ley.
En este tenor, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del CCSP, afirmó que se necesita revisitar lo planteado en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, dispuesto por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en donde se habla de las prestaciones laborales a las que tienen derecho las policías para un efectivo fortalecimiento de estas.
Asimismo, la CEDHBC solicita a los Ayuntamientos y a la FGE realizar las acciones y gestiones necesarias para incorporar oportunamente, al proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2021, todas aquellas partidas y recursos que resulten necesarios para concretar el total cumplimiento de las prestaciones que, por concepto de seguridad social, se establecen en la fracción V del artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública.
En ese sentido, el presidente de la CEDHBC señaló que, quienes integran las instituciones policiales, viven en un alto estado de vulnerabilidad debido a la naturaleza de sus funciones. En este contexto, el fortalecimiento institucional es uno de los mayores retos en materia de seguridad ciudadana, pues este es uno de los elementos base dentro de las acciones coordinadas que inciden en mejorar las condiciones de seguridad para la población.
Por su parte, Alejandro Monreal, presidente de la Ceapbc, declaró: “Han muerto, en tres años, 80 policías por diferentes causas, 20 en cumplimiento de su deber desde noviembre del 2017; por lo que se debía haber empezado a trabajar en la reglamentación para la seguridad social de las y los policías”.
El 8 de julio de 2020, el Organismo radicó el expediente CEDHBC/TIJ/632/20/4VG, derivado de la Queja presentada por el CCSP, en donde señalan la presunta violación de derechos humanos en perjuicio de quienes conforman las distintas corporaciones policiales municipales de seguridad pública en Baja California, por la falta de seguridad social, entre otras prestaciones y condiciones laborales.
Dicho expediente se encuentra en integración, con la solicitud de una serie de documentación a las distintas autoridades involucradas. Cabe puntualizar que la emisión de una Alerta Temprana no implica que el expediente al que se hace alusión se haya concluido, sino que se observan posibles violaciones a derechos humanos que, por obvias razones, resultan de interés general.
Por otra parte, el 15 de julio de 2020, el Congreso del Estado emitió el Acuerdo 1072/4, por el que se pide a la FGE y a los Ayuntamientos que informen el estado que guarda el cumplimiento a lo establecido en el artículo 131 fracción V de la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Por lo anterior, la Alerta Temprana emitida por la CEDHBC busca visibilizar la falta de la implementación de la seguridad social en los términos dispuestos por ley, a favor de las y los miembros de las corporaciones policiales en el estado, así como la inminente necesidad de la asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento.
Finalmente, Miguel Mora puntualizó que el pronunciamiento tiene como objetivo prevenir violaciones a derechos humanos, con base en el principio constitucional y convencional que impone a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a través de acciones necesarias, las cuales consisten en materializar el cumplimiento del derecho humano a la seguridad social a favor de quienes integran las corporaciones policiacas, estatales y municipales en Baja California.
