TIJUANA, julio 22, 2020. Al expresar, con absoluto respeto, su posicionamiento respecto a lo dicho por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre el caso del Decreto estatal para cancelar el peaje en la caseta de Playas de Tijuana, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, dijo coincidir con el Primer Mandatario en que no es un asunto de amistad entre ambos, sino una cuestión de leyes, del Estado de Derecho, que deben dilucidar en los tribunales.
Su planteamiento lo hizo con toda claridad y serenidad durante su cotidiana video-conferencia matutina, desde las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
El jefe del Ejecutivo estatal anunció desde un principio de la sesión transmitida en sus redes sociales, que haría una exposición detallada, respaldada con una videograbación de las declaraciones que sobre el tema hizo durante su “conferencia de prensa mañanera” el presidente de la República Mexicana, en respuesta a una periodista que le pidió su opinión respecto al Decreto estatal del 7 de julio en curso.
Dejó “correr” una primera parte del “video”, para contextualizar enseguida sobre la polémica en torno a si hizo o no lo correcto de haber emitido un Decreto para cancelar el cobro de cuota a más de 12 mil familias que, por habitar en colonias y fraccionamientos ubicados en la zona costera entre Playas de Tijuana y Playas de Rosarito, como solicitaron ante el propio mandatario mexicano, cuando vino en su campaña a Tijuana.
“Es un compromiso que hizo él en su campaña, y como él mismo lo ha dicho, los compromisos se cumplen. Sobre todo porque es una autopista que ya se ha pagado cuatro veces su valor de construcción, y la SCT como CAPUFE, indebidamente, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, renovó un contrato de concesión que siguió afectando a los bajacalifornianos”, expresó.
Puntualizó enseguida que al firmar dicho decreto, publicado el 7 de julio en curso, fue porque siente y busca cumplir con su obligación constitucional de defender los derechos y los intereses de los bajacalifornianos. “Si la SCT y CAPUFE no estaban (están) de acuerdo, correspondía que recurrieran a los tribunales, pero no, innecesariamente ordenaron la intervención de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército y de la Policía Federal, para “recuperar” la caseta.
Precisó que no ha hablado personalmente o por teléfono con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema, “…pero estoy informado de que ya está dando instrucciones y tomando medidas sobre este caso… lo de la controversia constitucional, es precisamente lo que yo dije desde un principio, que la SCT y CAPUFE pelearan lo de la caseta en los juzgados, no con fuerzas que violentaron a ciudadanos que defienden el derecho del libre tránsito…”.
En cuanto a otra de las expresiones del jefe del Ejecutivo federal en la “mañanera”, en el sentido de que considera su amigo al gobernador de Baja California y tiene muy buena relación, pero no coincide con la acción del decreto, el gobernador Bonilla Valdez, agregó: “…No es cuestión de amistad… yo lo aprecio mucho, lo respeto, y en Baja California lo quieren mucho también… yo lo dije desde un principio, es un asunto de leyes, de derechos de los bajacalifornianos…”.
El presidente López Obrador dijo que eso (lo de validar el decreto estatal para cancelar peaje en la caseta de Playas de Tijuana) podría sentar un precedente en el que -sobre todo ahora que vienen las elecciones-, otros gobernadores hicieran lo mismo, hasta para anular el cobro peaje o del IVA. El gobernador Bonilla Valdez reiteró: “Pero es un compromiso que hizo, y él mismo me ha dicho, que los compromisos se cumplen”.
Echó un vistazo a su reloj y dijo, “en estos momentos, en la Ciudad de México, están revisando el asunto y se van a tomar las decisiones pertinentes…”. Para estas gestiones, interviene el Fiscal General del Estado (FGE), Guillermo Ruiz Hernández, a quien había entregado las llaves de las oficinas y casetas en Playas de Tijuana, que eventualmente usarían como un “filtro de seguridad”.
El gobernador del Estado mencionó que justo en ese momento se realizaba una negociación entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Gobierno Federal (incluyendo Caminos y Puentes Federales).
Reiteró que “…en Baja California se le quiere mucho (al Presidente)… yo en lo personal lo considero mi amigo fraterno, venimos del movimiento y creación del partido, hemos viajado juntos, nunca hemos tenido un presidente tan humano como él; pero esta no es una situación de querernos, porque como en todas las familias sucede, diferimos en temas”, puntualizó el jefe del Ejecutivo estatal. Hizo mención a que el Presidente de México, recientemente condonó el pago de una autopista en Colima, “sin mayor trámite”.
Luego señaló, “…el tema de la ´liberación´ de la caseta se resolverá en los tribunales…”, pero aclaró que eso debió ser desde un principio, sin que interviniera la Guardia Nacional y las fuerzas militares por orden del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, utilizando la fuerza pública para querer recuperar el control.
No omitió externar que “…se va a ir a los tribunales (el tema) y ahí no vamos a ganar… porque con la Suprema Corte, no ganó una…, pero la lucha se le hace y yo tengo una obligación con mi Estado. Nuestra postura es pelear por los derechos de los bajacalifornianos, porque si hablamos de ley y no reconocemos los derechos está mal está ley”, dijo Bonilla Valdez.
Al referir que ya han sido muchos años de exprimir la economía de los residentes de Playas de Tijuana, en algo que ya se pagó cuatro veces, anunció que mañana (23 de julio) viajará a la Ciudad de México y que está con la disposición de que el Gobierno Federal proponga con criterio la anulación del cobro de la caseta a dichos residentes.
Indicó que la propuesta del gobierno estatal fue que “movieran” la caseta y que las fuerzas del orden se retiraran, para que mejor hicieran labor en las colonias, salvaguardando la seguridad de los bajacalifornianos en las zonas donde verdaderamente se requiere.
“Siempre he dicho que la concesión se dio bajo algunas cosas no muy claras; se hizo una renovación en el 2011, en el sexenio de Calderón, en el último año, la concesión se otorgó por 40 años más, cuando desde el principio ya no iba a ver otra concesión, después de 1965”, agregó Bonilla Valdez.
Reiteró que el Gobierno de Baja California reprueba el uso de la fuerza y la represión que se hizo por parte de la SCT de querer recuperar la caseta, utilizando a las corporaciones policiacas.
Al abundar en el decreto que suscribió, de acuerdo a su facultad como gobernador, comentó el mandatario: “Está claro que se va a las instancias pertinentes, que debió haber sido desde el principio en lugar de mandar a toda la Marina, Guardia Nacional y SEDENA, a salvaguardar una caseta de cobro… en la madrugada; esos son actos cobardes; el presidente iba volando en eso momento, él no hubiera autorizado la fuerza para tomar una caseta”, concluyó.
