CIUDAD DE MÉXICO, MARZ0 20, 2021.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a todos los gobiernos de las entidades federativas del país a actualizar constantemente sus periódicos y gacetas oficiales, que contienen leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los Poderes Locales, para que estén disponibles en tiempo y forma, informar a la sociedad, y ser observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia.
La CNDH realiza la revisión virtual diaria de las expediciones y modificaciones de leyes que se publican en los medios de difusión oficiales de los estados, la Ciudad de México y el Diario Oficial de la Federación, como parte de su tarea para cumplir con su función constitucional de proteger los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.
En los casos en los que este Organismo Nacional identifica normas de rango legal que vulneran derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales, de los cuales el Estado mexicano sea parte, cuenta con un plazo de treinta días naturales para elaborar una demanda de acción de inconstitucionalidad y presentarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta determine si las normas son constitucionales o si deben ser expulsadas del orden jurídico mexicano.
Este Organismo Autónomo ha podido identificar que, en algunos casos, los periódicos y las gacetas oficiales no se actualizan con regularidad, por lo que la sociedad no tiene conocimiento oportuno de los actos de autoridad que se difunden y la CNDH no puede realizar un análisis detallado sobre la constitucionalidad de las disposiciones que se emiten.
Por ello, en un ánimo de coadyuvancia institucional, esta Comisión exhorta respetuosamente a estar al día a los gobiernos de todas las entidades federativas con sus publicaciones oficiales. Esta tarea de colaboración busca consolidar y preservar nuestro Estado de Derecho, defendiendo la Constitución y los derechos humanos del pueblo, además de generar un marco normativo que haga efectivo el respeto a los derechos y garantías fundamentales.
