CIUDAD DE MÉXICO, ABRIL 15, 2021.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió medidas cautelares al Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, al titular del Centro de Readaptación Social (CERESO) La Mesa, en Tijuana, y a las autoridades corresponsables de esa entidad federativa, para que realicen acciones urgentes e inmediatas, con los más altos estándares en materia de derechos humanos, para respetar la dignidad humana, además de proteger y garantizar las necesidades básicas de la población penitenciaria.
Esta Comisión Nacional, también solicitó, que ante cualquier circunstancia se evite el uso de la fuerza, para salvaguardar la integridad psicofísica, la salud y la vida de dichas personas y del personal que labora en el CERESO, a fin de evitar la consumación irreparable de violaciones denunciadas por las personas privadas de su libertad, o la producción de daños de difícil reparación.
Lo anterior, luego de que la CNDH tuvo conocimiento, a través de diversos medios de comunicación, de que personas privadas de la libertad alojadas en los Módulos I y II, en el CERESO La Mesa, en Tijuana, han realizado actos de protesta a través de un motín, a fin de expresar diversos reclamos relacionados con la falta de alimentos, medicamentos, así como malos tratos cometidos en su contra y amenazas con trasladarlos a otros centros de reclusión.
Por ello, este Organismo Nacional Autónomo solicitó con carácter de urgente, que, ante el eminente y alto riesgo de perder el control al interior, aunado a que los familiares desconocían mayores datos respecto del estado en el que se encuentran las personas privadas de la libertad, por los actos de protesta, se preserve y salvaguarde su vida e integridad física, no se tomen represalias en su contra, y en su caso, se proporcione de manera integral y oportuna la atención médica que requirieran.
Asimismo, se urgió a las autoridades penitenciarias implementar mecanismos preventivos encaminados a privilegiar acciones de diálogo, mediación y concertación con la población penitenciaria que lleven a la mejor atención y solución de las problemáticas planteadas; implementen acciones inmediatas para informar de manera adecuada, clara y precisa a los familiares de las personas internas sobre su estado de salud y, en caso de que requirieran atención médica, se les proporcione de manera inmediata e integral.
