LOS ÁNGELES, AGOSTO 29. 2018.- El gobernador de California, Jerry Brown, aprobó este martes una reforma del sistema de fianzas monetarias (money bail) que según sus partidarios supone la ley más avanzada en este sentido en el país. La ley elimina por completo el sistema por el que los pobres, en su mayoría negros y latinos, esperaban juicio en prisión preventiva por no poder permitirse unos pocos miles de dólares de fianza. La ley californiana debía ser un triunfo de los derechos civiles y un parteaguas en la lucha por reformar el sistema penal de Estados Unidos, el país con la mayor población carcelaria del mundo. Sin embargo, ha sido criticada por las mismas organizaciones de derechos civiles que promueven esta causa.
El sistema de fianzas monetarias en Estados Unidos tiene unas consecuencias dramáticas para los segmentos más pobres de la población. Excepto en los delitos más graves, cuando un detenido se presenta ante el juez tiene derecho a salir en libertad bajo fianza mientras espera el juicio. Esa fianza se entiende como garantía de que la persona se presentará al juicio y se devuelve cuando efectivamente se presenta.
La generalización de esta práctica ha hecho que aquellos que no pueden permitirse una fianza típica de 5.000 o 10.000 dólares se vean abocados a la cárcel. Un juicio por una falta menor en California puede tardar 90 días. Un juicio por un delito grave, hasta un año o más. En ese tiempo se puede perder el trabajo, o la custodia de los hijos si no hay otra persona. Las consecuencias pueden ser dramáticas para la vida de una persona que no ha sido condenada pero simplemente no puede permitirse la fianza. Un estudio del Prison Policy Initiative señala que el 34% de los detenidos acaba en esta situación.
El sistema de fianzas está directamente relacionado con la explosión de los números de la población carcelaria y con el desproporcionado sesgo hacia los pobres y las minorías. Estados Unidos es el país con más personas en prisión del mundo, 2,3 millones, de las cuales más de medio millón no han sido juzgadas y están provisionales. En California, la situación llegó a ser tan grave que un juez ordenó reducir la población carcelaria.
La nueva ley elimina este sistema y lo sustituye por unos criterios de evaluación de riesgos que quedan en manos de las autoridades locales. Las personas que tengan riesgo de reincidencia o fuga bajo quedarán en libertad. Las que tengan riesgo medio dependerán de esos criterios de evaluación. Y en los casos considerados de alto riesgo no habrá posibilidad de libertad condicional.
La campaña por la reforma de las fianzas se ha extendido por todo el país, como parte de la reforma de la justicia penal, y ya hay otros estados que han hecho avances significativos, como Kentucky, Nueva Jersey y el Distrito de Columbia. En el nivel federal, aliados tan extraños como el senador libertario republicano Rand Paul y la senadora demócrata californiana Kamala Harris lideran los esfuerzos para una reforma nacional. California va más lejos que nadie hasta ahora al eliminar el sistema por completo para una población de 39 millones de habitantes y sienta el estándar para este debate en el resto del país.
“Hoy, California reforma su sistema de fianza para que tanto los pobres como los ricos sean tratados con justicia”, dijo el gobernador Brown en un comunicado. La ley fue aprobada con el apoyo de la mayoría (no todos) de los demócratas en el Legislativo y un voto republicano. Los demócratas tienen mayoría en las dos Cámaras. La ley entrará en vigor el 1 de octubre de 2019.
Los dos años que ha tardado en aprobarse la ley SB10 han sido un ejemplo de la gran maraña de intereses que hay alrededor del sistema penal. Por ejemplo, la ley ha generado las protestas de la industria de los prestamistas de fianzas. Se calcula que hay unos 7.000 prestamistas en California que se dedican a poner la fianza para aquellos que no pueden permitírsela. Normalmente, cobran un 10% de la cantidad. Es decir, si la fianza es 10.000, el detenido les paga 1.000 y ellos ponen la fianza. Estos prestamistas se responsabilizan de que el acusado se presente al juicio, o perderían su dinero. Todo este negocio, que literalmente desaparece con la nueva ley, ha prometido entorpecer su puesta en marcha.
Al mismo tiempo, la reforma ha sido duramente criticada por grupos de derechos civiles tan importantes como la Unión Americana de Derechos Civiles o Human Rights Watch, que fueron apoyos principales en el principio de la reforma. Estos grupos consideran que, al dejar todo a la discreción de los jueces, no se va a acabar con la principal consecuencia del sistema, que es el encarcelamiento masivo de personas en situación provisional.
“La ley da a los jueces poder ilimitado para encerrar a la gente de forma preventiva sin fianza”, explica a EL PAÍS John Raphling, de Human Rights Watch en Los Ángeles. Meter a la gente en la cárcel, “agiliza los casos” de manera “perversa”, explica Raphling. Jueces y fiscales están interesados en meter a casi todos los detenidos en prisión provisional porque de esa manera consiguen declaraciones de culpabilidad y acuerdos que evitan el juicio. La dureza de la cárcel, más la perspectiva de arruinar tu vida según pasan los días, hace que la gente “se enfrente al dilema de la cárcel o declararse culpable”. Con el sistema de fianzas, al menos si se trataba de un delito no grave el acusado tenía el derecho a salir bajo fianza. “Ahora vas a estar a merced de los jueces. Les han dado poder ilimitado para meter a la gente en la cárcel”.
Con información de EL PAIS
