MEXICALI, JULIO 30, 2020. Instituciones de educación superior en el estado destacaron la apertura de legisladores locales para tener un diálogo sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Educación en el estado, donde existe un punto controversial que alude que los inmuebles de las escuelas particulares pasen a ser propiedad del estado.
Lo anterior lo expuso Antonio Carrillo Vilches, Rector de la Universidad de las Californias Internacional (UDCI), quien refirió que esta propuesta tiene algunos puntos que se prestan a interpretaciones, por lo que se requiere de modificar la redacción y así evitar especulaciones.
“La postura de nosotros ha sido la del diálogo con los legisladores y cabe destacar que sí han mantenido una apertura y disposición a escucharnos para encontrar la manera de que esta ley pueda funcionar para todos, que realmente ayude a fortalecer la educación”, comentó.
El Rector indicó que las instituciones educativas privadas son un aliado que viene a apoyar en el problema de falta de espacios en el sector educativo público en el país, lo cual es una realidad.
“Como prestadores de servicios vamos a ser los primeros interesados en que la educación sea de calidad, pero creemos que la iniciativa, como está, se presta a interpretaciones y es necesario que quede clara”, dijo.
Explicó que toda institución educativa al momento de contar con un Revoe, que es el documento que avala a la institución para impartir un plan de estudio, queda a disposición y regulación por parte del estado, pero no quiere decir que los bienes de las escuelas particulares pasan a ser de su propiedad como se ha dado a entender.
“De ahí la necesidad de establecer un diálogo con los legisladores de la Comisión de Educación, para que se modifique la redacción de la ley, de hecho, ya hemos tenido reuniones los miembros de Fimpes (Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior), pues la idea es generar propuestas”, destacó Carrillo Vilches.
Finalmente, el Rector de la UDCI afirmó que lo importante es que hay buena disposición en el Congreso local para escuchar a las instituciones educativas, pues tan solo en Baja California existen 90 universidades privadas, las cuales buscan certeza.