TIJUANA, JUNIO 17, 2020.- En las instalaciones del Aeropuerto de Tijuana el alcalde Arturo González Cruz destacó que el cierre del puerto aéreo lo hizo la administración del Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP y no el Ayuntamiento al que pretenden con esta medida de afectación a los pasajeros “presionar” luego de una serie de clausuras esta mañana.
“Lamentamos que la empresa Grupo Aeroportuario del Pacífico haya recurrido a esta acción que ha afectado a los pasajeros que utilizan este aeropuerto”, dijo al sostener una conferencia, próxima a la zona de documentación de equipaje.
“Quiero dejar en claro que el personal del Ayuntamiento nunca lo dejaron entrar al área restringida, los detuvieron en el área de revisión y nunca pasaron al área de seguridad”, agregó posiblemente en referencia legal, al arresto de un inspector de Cofepris que habría sido detenido y presentado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con testigos que argumentan que ingresaron sin permiso, ni protocolos al área federal regida por las Leyes de Aeronáutica.
Luego se fue a fondo para revelar que el GAP se rehusa a pagar el predial y contribuir con el gasto que se requiere para brindarle servicio a los usuarios del puerto aéreo. Se les ha requerido, para que los locatarios tramiten el permiso de uso de suelo, venta de alcohol, tal como lo hacen todos los comerciantes en la ciudad, pero no han tenido respuesta.
El GAP adeuda más de 700 millones de pesos en impuesto predial y este derecho municipal se encuentra en litigio desde hace más de una década.
Cabe mencionar que las instalaciones aeroportuarias están reguladas por leyes federales donde convergen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, Policía Federal, Migración y en particular al tratarse de una instalación denominada vía de comunicación incluso estratégica para el país la Ley Federal de Aeropuertos (vigente desde su más reciente modificación por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a partir del 22 de diciembre de 1995).
El ayuntamiento de Tijuana alega que el predio se ha convertido en un negocio que no contribuye ni paga por uso de suelo como lo hacen todos en la ciudad refiriéndose a el estacionamiento, negocios establecidos con venta de licor en embace abierto, farmacia, restaurantes, agencias de viajes, casas de cambio, boutiques etc… que tampoco pagan permisos a razón de que estos no intervienen de manera directa en la operación de las líneas aéreas que conforman la comunicación a la que se refieren las leyes federales.
El litigio está en pie, desde la administración de Jorge Ramos Hernández que lo han continuado las demás administraciones en los últimos 13 años.
“Reprobamos que hayan recurrido a esta táctica (de cerrar las operaciones) para seguir evadiendo el pago del impuesto que le corresponden a los ciudadanos de Tijuana“, finalizó el alcalde Arturo González Cruz.
A continuación el video del momento en que personal del Puerto Aéreo prohíbe la entrada a inspectores y acusan violencia sin evidencia:
