MEXICALI, SEPTIEMBRE 17, 2020.- Como resultado de diversas reuniones y mesas de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil que preside el diputado Víctor Manuel Morán Hernández, realizadas durante este año, con miembros de diversas corporaciones de seguridad pública, estatal y municipales, se destaca que el tema de la falta de cumplimiento de sus derechos de seguridad social, es recurrente.
Así lo mencionó el legislador en su exposición de motivos, al presentar en sesión virtual, un exhorto dirigido al Fiscal General de Baja California, así como a los alcaldes de los cinco ayuntamientos de Baja California para que, se sirvan informar a esta soberanía, a la brevedad posible, el estado que guarda el cumplimiento de dicha disposición.
El congresista dijo que dirigió el exhorto a las autoridades que deben conocer del cumplimiento de tales prestaciones, a efecto de que informen los pormenores de esa omisión, y en su caso que manifiesten sus requerimientos económicos para atender su cumplimiento, a fin de que, en su oportunidad, el costo pueda ser considerado al formular el Presupuesto de Egresos respectivo.
Según los referidos elementos de seguridad pública, en la actualidad no se ha dado cabal cumplimiento a tal dispositivo legal, lo que opera en su perjuicio, pues ello provoca que injustificadamente carezcan de prestaciones a las que legalmente tienen derecho, para bienestar de ellos y de su familia, resaltó.
No obstante que, en el artículo transitorio segundo de ese Decreto 125 que reformó la Ley de Seguridad Pública de Baja California (publicado en el año 2017), se estableció un plazo de 180 días para que el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos emitieran la reglamentación respectiva, para hacer efectiva la seguridad social ahí indicada, agregó.
Luego afirmó que el incumplimiento manifiesto de tales disposiciones, ha generado la justa inconformidad de los agentes de seguridad pública, por lo que ahora se busca nuevamente que se haga realidad, lo que ya se encuentra establecido en la referida Ley.
Para concretar tal fin, solicitó que se lleven a cabo los estudios actuariales necesarios, a efecto de que se puedan determinar los montos de las cuotas y aportaciones que deben ser enteradas, para el régimen de seguridad social de los agentes de Seguridad Pública estatales y municipales.
Así como de su pensión, previstos en la Ley en la materia, con el propósito de que se puedan tomar las previsiones presupuestarias correspondientes, para dar un eficaz cumplimiento a esas disposiciones, concluyó.
