MEXICALI, NOVIEMBRE 27, 2020.- Con el apoyo de la XXIII Legislatura se aprobó por unanimidad la iniciativa del Ejecutivo del Estado que eleva a rango constitucional diversos derechos que son fundamentales para los habitantes de Baja California, como una acción de reivindicación social y legal hacia los bajacalifornianos, que habían estado en el olvido de los anteriores gobiernos que les antecedieron.
Se destacó en la sesión extraordinaria de este día, que el inicialista pretende que la protección de los derechos de los habitantes del Baja California es la prioridad para esta administración, por ello el Gobernador del Estado de Baja California, ha impulsado diversas reformas al marco jurídico del estado, para contar con leyes que den acceso efectivo a estos derechos a los habitantes de la entidad.
La XXIII Legislatura está de acuerdo en que Baja California vive también un momento de transformación en el cual la actual administración Estatal, ha asumido como una responsabilidad constitucional, social y moral, para reparar de fondo los agravios sociales que han vivido los habitantes de Baja California por décadas, ocasionadas por gobernantes insensibles, que vieron sólo por sus propios intereses, dejando en el abandono jurídico y social a miles de familias en nuestro estado.
Po ello se eleva a rango constitucional de los habitantes del Estado, diversos derechos que vendrán a proteger con mayor fuerza legal esos logros de los bajacalifornianos y a sancionar de manera ejemplar a las autoridades y funcionarios que de manera perniciosa o por omisión violenten los derechos de los habitantes de este estado.
Resulta imperante que el estado de Baja California fortalezca su constitución acogiendo los criterios de protección de los derechos de sus habitantes, cumpliendo el pacto internacional del que México ha sido parte, máxime cuando nuestro sistema jurídico le otorga la mayor importancia a la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Se expuso que las comunidades más necesitadas, vienen haciendo un reclamo permanente a la falta de acceso a la justicia, a la protección de la vida de sus familiares, el reclamo de acceso al derecho humano a agua, a que las autoridades les informen sobre sus acciones, a que las autoridades los indemnicen por actuaciones que afectan sus derechos, entre otras, que obligan a que la administración estatal realice una acción contundente que restablezca de derechos de los habitantes del estado.
En la iniciativa se añade que hoy más que nunca en medio de esta emergencia de salud que ha afectado al mundo y al estado mexicano, debemos de evitar que la población bajacaliforniana se vea afectada en situaciones tan básicas como garantizar, que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan acceso al internet gratuito, que hoy es indispensable para continuar con sus estudios, pues es una realidad que no todas las familias de nuestro estado tienen los recursos necesarios para pagar este tipo de servicios, siendo un a obligación del estado proporcionarlo.
Por lo que a efecto de hacer efectivo lo previstos en el artículo 6 de nuestra carta magna que establece la obligación del estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, de toda persona es preciso incorporar este derecho a nuestro marco constitucional local, como se propone en la presente iniciativa.
La protección y garantía de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de un delito, hoy debe ser una realidad en Baja California, pero sobre todo debemos de elevar a rango constitucional la sanción de las acciones de autoridades y funcionarios que por omisión o negligencia generen una afectación a este derecho; hoy lamentablemente derivado de la discrecionalidad de autoridades para garantizar la protección de víctimas, mujeres y niños han perdido la vida y esto es algo que no debe volver a suceder en nuestro estado.
Finalmente la XXIII Legislatura considera prioritario fortalecer el artículo 8 de nuestra constitución estatal ya que el compromiso de este Gobierno es realizar todas las acciones posibles para hacer efectivos y tutelar los derechos de los habitantes de Baja California y brindarles las mejores oportunidades para su crecimiento y desarrollo.
