MEXICALI, ABRIL 27, 2020. El Pleno de la Vigésima Tercera Legislatura local aprobó por unanimidad en lo general, el dictamen 35 proveniente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc), mismo que contiene una iniciativa propuesta por el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, mediante la cual se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (Lofge) y se derogan artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado (Lopde).
Entre otros asuntos, mediante la modificación a artículos de la Lofge se crea la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Tortura dentro del organigrama de la Fiscalía General del Estado, la cual se encargará de la persecución e investigación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo estatal mencionó que el 26 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual mandata, en su artículo 55, que las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas deberán crear fiscalías especiales, con plena autonomía técnica y operativa, para el conocimiento, persecución e investigación de la tortura.
En ese sentido, señala el Ejecutivo, con su iniciativa se da cumplimiento a lo mandatado por la referida Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Por otro lado, se inscriben en la Lofge los requisitos para ejercer los cargos de fiscal central y de fiscales regionales, a efecto de dar certeza jurídica de la calidad que deben tener los servidores públicos que ocupen dichos cargos.
Asimismo, la Asamblea Legislativa avaló de manera unánime una reserva en lo particular al dictamen 35, presentada por el presidente de la Cglpc, diputado Juan Manuel Molina García, mediante la cual se excluyen o quitan todos los artículos relacionados con la transferencia del Servicio Médico Forense (Semefo), perteneciente al Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado.
La lectura del dictamen y de la reserva estuvo a cargo de Molina García, titular de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura local.
