TIJUANA, MAYO 11, 2020. – En una actitud serena, el gobernador de
Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reiteró que acatará el fallo de la Suprema
Corte de Justicia hecho público hoy respecto a la controversia constitucional sobre
el Decreto de la anterior Legislatura local, para ampliar de 2 a 5 años el período
gubernamental, que finalmente quedó en dos años.
Su posicionamiento, puntualizó, es el mismo que mantuvo desde antes de asumir
la gubernatura el 1 de noviembre de 2019, para suceder en el cargo al panista
Francisco Arturo Vega de Lamadrid, contra quien la actual administración ha
fincado ya varias denuncias por desvío de recursos por más de 32 mil millones de
pesos.
El mandatario estatal, no disimuló su desacuerdo porque considera que la
Suprema Corte no llegó al fondo del asunto, pero enfatizó que la decisión dada por
los ministros de la SCJN, en sesión “a distancia” (de modo virtual, en
videoconferencia), no alterará para nada su ritmo de trabajo para cumplir sus 100
compromisos del Plan de Gobierno.
Considera que los señalamientos de los ministros por supuesto “fraude” legislativo
es en contra de integrantes de la anterior Legislatura de Baja California, que era
mayoría panista, “…y tendrían que ser los ex diputados quienes respondan lo que
en su defensa corresponda…”. “Dijeron los ministros que se violó la Constitución,
pero no supieron decir en cuál artículo”, acotó.
En cuanto a su desempeño como gobernante de Baja California, precisó: “En los
primeros seis meses, ya llevo cumplidos sesenta de mis 100 compromisos; no he
descansado un solo día desde que asumí el cargo y no lo voy a hacer porque
vamos a redoblar el paso para cumplirle a los bajacalifornianos, sobre todo a los
que estuvieron engañados y fraudeados durante 30 años por los gobiernos
panistas”.
“Para mí, enterarme de la resolución del máximo tribunal de justicia en México, no
es un éxito, ni un fracaso, sino que la recibo como una resolución que ayuda a
aclarar el panorama para trabajar con el doble de ánimo y el horizonte cierto de
conducir la administración pública del gobierno del Estado de Baja California hasta
el 31 de octubre de 2021”, expresó el gobernador Bonilla Valdez.
Se sinceró el propio Jefe del Ejecutivo estatal, el primero originario de Tijuana, al
decir que es su mayor orgullo ejercer la más alta responsabilidad en el servicio
público y “ser gobernador de mi estado, y con ese compromiso asumo la
responsabilidad para atender los problemas de todos los bajacalifornianos hasta el
último día de mi gestión”.
En tono pausado, actitud tranquila, el gobernador Bonilla Valdez hace un llamado
a los bajacalifornianos, a los medios de comunicación y a las instituciones públicas
y privadas, “…a darle vuelta a la página y dar por concluido el asunto. Debemos
concentrarnos en lo importante, esto es: en resolver los problemas que aquejan a
los bajacalifornianos y mexicanos en general…”.
Adelantó que no se detendrá en especulaciones: “…Para mí, es un asunto
concluido que nos ayuda a encauzar la energía del gobierno al resolver los
problemas más acuciosos como son: salud, vivienda, combate a la pobreza,
combate a la corrupción y seguridad para dejar un mejor estado que el que recibí
después de 30 años de gestión panista…”.
El gobernador Bonilla Valdez fue enfático al señalar que “hemos demostrado ya
que estamos haciendo un Gobierno muy diferente, cumpliendo a la gente lo que le
prometimos y atendiendo las demandas más sentidas; ¿cuándo habían visto, por
ejemplo, que catearan una casa de un ex gobernador, como ahora lo hizo la
Fiscalía General del Estado?
Sobre este tema, dijo, “me han estado preguntando en las redes o directamente,
que si vamos a llegar al fondo de estas investigaciones… les digo, hay varias
carpetas de investigación abiertas, no solamente contra el exgobernador Kiko
Vega y su esposa, también contra muchos de sus ex colaboradores, y vamos a
dar respuesta a lo que muchas veces me han pedido, castigo a los culpables”.
Como se recordará, las autoridades estatales han interpuesto denuncias formales
contra el ex gobernador panista Francisco Arturo “Kiko” Vega de Lamadrid, sus
dos ex titulares de Planeación y Finanzas (Antonio Valladolid y Bladimiro
Hernández), por desviaciones de millonarias cantidades al amparo de facturas
apócrifas y empresas “fantasmas”; en tanto que, también hay acusaciones contra
la ex primera dama, la señora Brenda Ruacho de Vega, por manejo indebido de
recursos del DIF estatal, en perjuicio de la niñez bajacaliforniana.
CONTEXTO DE LA CONTROVERSIA
La discusión sobre la mejor manera de adecuar la Constitución del Estado de Baja
California a lo dispuesto por la Constitución Federal, consistente en la obligación
de todas las entidades federativas para homologar sus calendarios electorales al
federal, data de 2014. Es decir, la discusión atravesó por más de cinco años y 3
legislaturas estatales.
En esa posibilidad y bajo la libertad y autonomía de las que gozan los legisladores,
el anterior Congreso local resolvió modificar el periodo antes de que el hoy
gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, entrara en funciones.
La modificación al artículo transitorio (Decreto 351), como cualquier otro acto de la
Legislatura, puede ser recurrido ante la Suprema Corte. Ello es importante para la
salud de la democracia y de la República mexicana porque quiere decir que las
instituciones funcionan y que en el país existe un verdadero Estado de Derecho.
Con decisiones que ponen fin a controversias como ésta, denota la salud y vigor
que tienen las instituciones porque las actuaciones de las autoridades pueden ser
revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: qué mejor ejemplo de la
solidez de la mecánica constitucional donde se expresa la división de poderes.
CRONOLOGÍA:
Desde finales de enero de 2019, específicamente en la etapa de precampaña, el
hoy mandatario estatal en su calidad ciudadana, inició ante los tribunales
electorales una serie de impugnaciones en contra de lo que considero fueron
actos de aplicación concreta del artículo Octavo Transitorio del Decreto 112,
relativo a la reducción del periodo de gestión de seis a dos años.
Sin embargo, la Sala Superior revocó en dos ocasiones las resoluciones del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, so pretexto de haber
presentado las demandas de manera inoportuna, es decir, que no era el momento
procesal oportuno porque las actuaciones controvertidas no constituían un acto de
aplicación que afectara el derecho político-electoral de desempeñar el cargo de
conformidad con el artículo 44 de la propia Constitución local (por un lapso de 6
años).
Ante la falta de una decisión de fondo, como Gobernador Electo, ya existía una
vulneración real, directa y concreta por lo que acudió al tribunal estatal electoral.
Sin embargo, dada la interposición de diversas acciones de inconstitucionalidad y
una controversia constitucional, tomó la decisión responsable de desistirse del
juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral y así abrir paso a la participación de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima autoridad jurisdiccional en
casos como el que nos ocupa.
La decisión final sobre la reforma de la XXII Legislatura del Estado, la tuvo el
Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la
Federación, como una institución que resuelve una controversia que no solo
estuvo presente en el proceso electoral, sino que, como he venido sosteniendo a
lo largo de varios meses, tiene su origen en la reforma político-electoral de la
Constitución Federal aprobada en 2014.
Ese es el valor de la decisión: conocer de manera cierta si la homologación del
calendario electoral de la entidad se lleva a cabo en 2021 o 2024. “Visto con
serenidad, el pronunciamiento de la Corte, no es que la reforma esté mal (de
fondo), sino que lo cuestionable es la oportunidad del momento en que se llevó a
cabo y que no se llegó al fondo”, comentó finalmente el gobernante
bajacaliforniano.
