MEXICALI, FEBRERO 11, 2021.- A propuesta de la diputada Evangelina Moreno Guerra, la XXIII Legislatura instó al director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para que designe al titular de la oficina de representación de este organismo en Baja California.
El punto de acuerdo fue presentado al Pleno durante la reciente sesión ordinaria que llevó a cabo el Congreso del Estado, de manera virtual, bajo la conducción de la diputada Eva Gricelda Rodríguez.
La propuesta, que fue aprobada con dispensa de trámite, establece que esta Soberanía solicite al director del INPI que, bajo los principios del consentimiento, libre previo e informado, lleve a cabo, a la brevedad posible, la consulta indígena para nombrar a quien ocupará el cargo de titular de la Oficina de Representación del INPI en estas Entidad.
Asimismo, la inicialista especificó que “quien resulte designado deberá pertenecer a una comunidad o pueblo indígena de Baja California y deberá contar con experiencia y conocimientos respecto a los trabajos propios de la institución, objeto, naturaleza, funciones y atribuciones”.
También, se hizo un llamado al director del INPI para que instale una oficina de representación de esta institución en el municipio de Tijuana, con suficiencia presupuestal y con personal necesario, para que ejecute e implemente las acciones, programas y estrategias de la política indígena de la institución, en el ayuntamiento.
La diputada Moreno Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que este compromiso se comenzó a materializar con la publicación del Decreto que expidió la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la cual abrogó la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el 4 de diciembre de 2018.
“Esto -subrayó- tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicano”.
Añadió que, también se procura fomentar su desarrollo integral y sostenible, y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, “de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales, de los que el país es parte”. El Punto de acuerdo fue aprobado con dispensa de trámite.
