MEXICALI, FEBRERO 11, 2021.- El diputado Ramón Vázquez Valadez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo para que, a través de la Fiscalía Estatal, se ordene a las empresas de seguridad privada que cumplan con la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado.
Esta iniciativa fue presentada durante la sesión plenaria que llevó a cabo el Congreso local de manera virtual, conducida por la diputada Eva Gricelda Rodríguez, en su condición de presidenta de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura.
Vázquez Valadez, quien preside la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, expuso que en Baja California existen más de 200 empresas que prestan servicios de seguridad privada, y es la Secretaria de Seguridad Publica, a través de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, la que está facultada para suspender la autorización a este tipo de empresas, por falta de cumplimiento a las normas aplicables y, en su caso, imponer las medidas pertinentes.
Añadió que las citadas empresas están reguladas por la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado que aprobó este Congreso el 23 de diciembre de 2020, y precisó que su aplicación corresponde al titular del poder ejecutivo, a la fiscalía general y a los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Bajo estas consideraciones, el diputado Ramon Vázquez presentó al Pleno un punto de acuerdo para que el Congreso local exhorte al secretario del Trabajo y Previsión Social, Sergio Moctezuma Martínez López, así como al fiscal general, Juan Guillermo Ruiz Hernández, en su calidad de secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, a efecto de que exijan a las empresas de seguridad privada cumplir con los derechos fundamentales de sus empleados guardias de seguridad privada, de acuerdo con la ley de la materia.
Agregó que, según lo que le ha comentado un buen número de guardias de seguridad, existe una deficiente capacitación, no se les proporcionan condiciones óptimas para el trabajo como el uso y devolución de uniformes, cambio periódico de los mismos; monto de salarios deprimido; preparación casi inexistente, jornadas excesivas e inadecuadamente controladas con reubicaciones repentinas, y carencia de instrumentos indispensables entre otras irregularidades.
La propuesta fue aprobada por unanimidad para que la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura se dirija al fiscal general del Estado para exponer esta situación.
