TIJUANA, OCTUBRE 28, 2020.– El Gobierno de Baja California va a defender los derechos de los ciudadanos y el contrato que la anterior administración estatal hizo para la construcción de una planta desaladora en Playas de Rosarito fue leonino e irresponsable, que estaba garantizando ganancias para los socios y pérdidas para los demás.
Así formuló ese planteamiento el Mandatario Estatal al ser cuestionado durante su transmisión en vivo sobre “el pago que exigirá la empresa SAPI de CV, al gobierno Estatal por 56 millones de dólares, para recuperar lo invertido, luego de rescindir el contrato para desarrollar la planta desaladora en Playas de Rosarito”.
Bonilla Valdez puntualizó que la actitud de la empresa es muy “infantil” al exigir el reembolso del dinero y que además la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó varias acciones del anterior gobierno como inconstitucionales entre ellas “la desaladora”.
“Se iba a pagar a la desaladora por ̕ x̕ cantidad de agua, se usara o no, y obligaría a la CESPT un pago mensual de 200 millones de pesos que acabaría con sus recursos”, alertó.
El Gobernador de Baja California comentó que “ese no era el camino” y que fue una Asociación Público Privada mal dirigida, de la que dijo desconocer si había corrupción. “No se puede comprometer el ingreso de los bajacalifornianos, que necesitan recolección de basura, seguridad y alumbrado. El Gobierno anterior tenía intereses con esta empresa que no ha puesto un tubo, ni un solo clavo.. No me van a asustar y nos vemos en la corte”, concluyó.
