ENSENADA, B.C SEPTIEMBRE 21, 2020.-No se debe poner en riesgo la salud
de niñas, niños y adolescentes, pero la solución a la obesidad y desnutrición no se
resolverá estigmatizando a un sector de la industria, sino atendiendo todos los
factores involucrados, consideró Amalia Vizcarra Berumen.
La presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de
(Canacintra), exhortó al Congreso del Estado a que sea sensible ante la realidad
de la industria mexicana.
Al emitir un posicionamiento ante la intensión de la legislatura local de presentar
una “iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra a los menores de edad”,
aseguró, que, de hacerlo a la ligera, habría un daño claro a la cadena de valor de
estos productos, si no se tiene una perspectiva integral de la problemática.
El problema es multifactorial y debe ser atendido a través de políticas públicas que
fomenten mejores empleos, mejor ingreso para las familias, nuevos hábitos de
consumo y mayor cultura nutricional, aseveró.
Otro aspecto fundamental, apuntó, es que muchas familias pobres obtienen sus
ingresos de miles de tienditas en sus casas o esquinas de colonias populares y la
mayor parte de sus ventas son precisamente alimentos y bebidas industrializados.
Por ello, las y los legisladores deben promover un ejercicio de parlamento abierto
en el que las partes afectadas puedan coadyuvar y dialogar a fin de generar un
planteamiento integral en favor de la salud y la economía, indicó.
Se debe procurar una solución integral, no culpar a un solo sector, detrás del cual
están millones de trabajadores, miles de proveedores, muchos del sector primario
y una gran parte de la economía nacional, dijo.
No puede negarse la baja calidad alimentaria de algunos productos, reconoció
Vizcarra Berumen, pero tampoco puede afirmarse que la cultura alimentaria de los
bajacalifornianos se apegue a estándares nutricionales que prevengan
enfermedades causadas por la deficiente o mala alimentación.
Hay problemas culturales, educativos, pero, principalmente económicos ante los
bajos ingresos que obligan a ambos padres a trabajar para complementar el
sustento; no tienen ni el dinero para comprar, ni el tiempo para preparar y vigilar la
calidad nutricional de los alimentos de sus hijos, subrayó.
“Quiero ser clara, esto no es atribuible o imputable a padres de familia por falta de
conciencia o responsabilidad, es producto de una falla estructural en el salario”,
precisó.
De acuerdo con un monitoreo del periódico La Jornada, refirió, “…en la primera
quincena de enero de 2020 la canasta básica (…) costó 99.47 pesos más que un
mes antes; lo que implica un incremento de 3.47 por ciento.
Para adquirirla, una familia tuvo que desembolsar 2 mil 780.28 pesos,
equivalentes a 22.56 días del salario mínimo vigente, el cual aumentó 20%, desde
el primer minuto del año respecto al que regía en 2019, al aumentarse el mínimo a
123.22 pesos en el interior del país, explicó.
Ante éste escenario, manifestó la presidente de Canacintra, es clara la necesidad
de fortalecer los marcos normativos del Estado y el país a la par de repensar las
políticas públicas en materia de prevención y seguridad alimentaria.
Sin embargo, esto debe hacerse en coordinación los actores y sectores
involucrados, en aras crear un equilibrio qué permita, por un lado, garantizar el
bienestar alimentario de las familias, en especial de las niñas, niños y
adolescentes, sin poner en riesgo la estabilidad económica de comerciantes e
industriales.
Una Ley con esos alcances, consideró, debe atender la realidad desde una
perspectiva integral que aliente el crecimiento de las empresas, la conservación y
crecimiento del empleo, el desarrollo de los perfiles laborales y productividad, el
mejor ingreso de los trabajadores y mejoras en su calidad de vida.
“No podemos pensar en que por decreto se elimine la pobreza familiar para
mejorar la calidad de su alimentación y a su vez disponer de más tiempo para
enviar a los niños perfectamente alimentados a la escuela para evitar la necesidad
de consumir –ya no es la escuela y comercio formal- sino en cualquier
establecimiento informal que les venda lo que los legisladores pretenden prohibir”,
señaló.
