TIJUANA, JUNIO 20, 2020. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que en el Estado no se va a privatizar el agua y reiteró que esta administración estatal seguirá firme en su compromiso de exigir a las empresas que han evadido el pago por el servicio del vital líquido a que se regularicen y paguen sus adeudos, porque este “Gobierno en Marcha” no dará “protección a nadie, ni va a facilitar la impunidad”.
Lo anterior quedó de manifiesto durante su video conferencia, en la que participó el secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), Luis Salomón Faz Apodaca, para exponer las recientes reformas legales aprobadas por el Congreso local, en materia de protección del agua, que “…permitirán a los organismos del agua operar de una mejor manera y sobretodo tener un mayor control y orden en los servicios que prestan a la ciudadanía…”.
El funcionario estatal acompañado del subdirector comercial de la SEPROA, Juan Pablo Guerrero, hizo saber que en aras de rediseñar a los organismos operadores de agua en Baja California y bajo el liderazgo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, se propuso ante la XXIII Legislatura estatal una serie de modificaciones legales.
Explicó que, una primera reforma jurídico-administrativa a los organismos operadores y administradores de los servicios de agua y drenaje sanitario, tiene que ver en la conformación de su respectiva estructura, para que cuenten con: una Dirección General, una Subdirección de Administración y Finanzas; una Subdirección Comercial y una Subdirección Técnica.
En lo concerniente a la reforma a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado, el subdirector comercial de la SEPROA detalló que el artículo 70 brinda la facultad para realizar una “presuntiva de consumos” (dictaminación de consumo de agua no facturada y pagada), que anteriormente se hacía hasta cinco años atrás, ahora se podrá investigar hasta 10 años de antigüedad en las cuentas de deudores por consumo de agua y servicio de drenaje sanitario.
Faz Apodaca dijo además que, con la reforma al artículo 92 de la citada ley que refiere las sanciones ante el robo de agua, se incrementó el valor de las mismas; antes era desde los dos salarios mínimos; actualmente, en las tomas residenciales, llegará hasta las 100 UMAS (Unidad de Medida y Actualización que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía fijó con un valor diario en 86.88 pesos para 2020) y en las comerciales hasta las 500 UMAS (cuando anteriormente el máximo era de 50 salarios).
“Para las personas que causen un daño a los medidores, que obstaculicen la medición, que violen sellos o alternen aparatos se incrementarán las sanciones; de estar en 20 salarios mínimos ahora subirán a 200 UMAS”, precisó el subdirector comercial de la SEPROA, Juan Pablo Guerrero.
También, el artículo 96 que permite la suspensión de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario sufrió modificaciones, y es que anteriormente al comercio y a la industria se le cortaba el servicio al tercer mes, con la actual reforma a la Ley, será desde el primer mes (esto no aplica para el sector doméstico).
Además, los usuarios comerciales e industriales que no tengan sus derechos cubiertos de conexión y obra, se faculta para suspender el servicio.
Cabe destacar que el Gobierno del Estado trabaja en la regularización de las cuentas de quienes evadieron pagos de derechos de conexión y obra; actualmente suman 600 empresas detectadas, que globalmente han causado un daño patrimonial estimado en 1.500 millones de pesos; en Tijuana y Playas de Rosarito ya son 80 compañías que se han regularizado y pagado sus adeudos, lo que se traduce en la recuperación de deuda en un monto de 440 millones de pesos.
Juan Pablo Guerrero detalló igualmente las modificaciones al Código Fiscal para el Estado de Baja California, que establece como delito la Defraudación Fiscal a quienes “declaren dolosamente o usen engaños para modificar la clasificación en su uso de agua para obtener un beneficio; quienes se reconecten al servicio de agua potable encontrándose este suspendido o restringido, o bien, que declaren un volumen de agua inferior al realmente consumido”.
Finalmente, bajo el compromiso de tener “mano dura contra quienes estén ocasionando daños a los organismos operadores de agua y drenaje, lo que equivale a una afectación directa a población en general”, el Código Penal para el Estado de Baja California establece penas que van de 3 meses a 3 años de prisión “a quienes utilicen tomas clandestinas, rompan sellos o alteren aditamentos instalados por los organismos e impidan medición de consumos”. De igual forma, dicho Código también señala penas de 3 a 5 años de prisión “al servidor público que facilite, participe, permita o autorice cualquiera de las conductas previas”, dirigido esta reforma al castigo de malos empleados o funcionarios en las paraestatales como son las comisiones estatales de servicios públicos.
Al concluir la participación de los funcionarios de la SEPROA, el gobernador Bonilla Valdez tomó la palabra para informar a la población que, el próximo lunes 22 de junio, recibirá a primeras horas de la mañana a representantes del Grupo Aeroportuario del Pacífico que vienen desde la capital mexicana, pues manifiestan la intención de pagar el adeudo que el Aeropuerto Internacional de Tijuana (AIT) tiene con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
“Este Gobierno no nada más trabaja en el tema de la pandemia, atiende todos los asuntos y temas importantes de Baja California, de cada uno de los municipios, y cada mes rindo cuentas a la población; este gobierno no se ha ʻcongeladoʼ por la Emergencia Sanitaria por COVID-19, sigue activo y es muy transparente”, concluyó el mandatario estatal.
