TIJUANA, MAYO 26, 2020. La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), diputada Montserrat Caballero Ramírez, negó enfáticamente que el Congreso local haya aprobado un impuesto para gravar a los empresarios. a través de la licencia sanitaria.
Lo anterior fue manifestado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a través de una entrevista que concedió a un medio electrónico de esta ciudad, donde fue cuestionada respecto a un cobro de 17 mil pesos que, supuestamente, autorizó el Congreso local para aplicarle a distintos rubros empresariales, en especial a los restauranteros.
Sobre el particular, la entrevistada afirmó que el Poder Legislativo está del lado del sector empresarial para apoyarlo, no para causarle algún tipo de perjuicio, pero agregó que también tiene como tarea prioritaria velar por los intereses la ciudadanía.
En respuesta a una pregunta en el sentido de que los restauranteros se sentían agredidos por la licencia sanitaria y el costo que esto representaría, Montserrat Caballero precisó que “por desgracia” las autoridades han detectado una gran corrupción en este ramo, por parte de algunos de los inspectores de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pues se detectó que estos malos elementos “al llegar, ni siquiera traspasaban la puerta para cumplir con su misión de revisar si se cumplía con las normas establecidas, sino que solo estiraban la mano y se retiraban”.
Señaló que por eso se tuvieron que tomar medidas para proteger a los consumidores, pero enfatizó que esto no solo beneficiará a los comensales, en el caso de restaurantes, sino al mismo empresario, ya que el mostrar que cuentan con su licencia sanitaria, dará confianza a su clientela y acudirá sin ningún resquemor a ese establecimiento, una vez que se levante la restricción por la pandemia.
Pero agregó que dicha licencia no solo deberán tenerla los negocios de comida, sino también aquellos que manejen artículos perecederos, como almacenes, distribuidores y todo aquel que manipule de alguna manera productos que puedan ser contaminantes.
En otro tema, la Coordinadora de Morena en la XXIII Legislatura reveló que el Congreso local tiene en estudio una iniciativa cuyo objetivo es reducir en 50 por ciento las prerrogativas que se entregan a los partidos políticos.
El propósito es destinar el dinero que se obtenga del ahorro que se entrega a los institutos políticos, a la compra de insumos para hacer frente a la pandemia de Covid-19 que enfrenta Baja California, al igual que el resto del país.
Otro tema que se le cuestionó fue el referente a los matrimonios infantiles, acerca de lo cual confirmó que continúa vigente la prohibición de permitir esta acción, ya que la misma Comisión de Derechos Humanos exhortó al Congreso local para que no se aprobará alguna reforma que los permitiera, en virtud de la gran violencia intrafamiliar que esto ocasiona, por lo que seguirá vigente esa limitante.
