TIJUANA, ABRIL 22, 2020.- El lunes 20 de abril del presente año, el Cabildo de Tijuana realizo sesión ordinaria en la que por mayoría de votos ordenó que por causa de la contingencia sanitaria se suspenden actividades, plazos y términos de todas las dependencias municipales relacionadas con sus obligaciones administrativas internas, programáticas y operativas, determinando que solo continúen las que realicen actividades esenciales como los servicios y obras públicas, servicios médicos, seguridad pública y protección ciudadana, bienestar social, bomberos, protección civil, registro civil sobre nacimientos e inhumaciones y el área recaudatoria de tesorería, instruyendo que la Sindicatura Procuradora opere con el mínimo de personal y solo para recibir denuncias y quejas ciudadanas, interrumpiendo sus demás actividades hasta que se declare la terminación de dicha contingencia sanitaria.
Resulta que al día siguiente del citado acuerdo de Cabildo, diversas autoridades municipales como los integrantes de los Comités de Adquisiciones, de Transparencia, y de la Comisión de Avalúos de Bienes del Municipio de Tijuana, tomaron la decisión de quebrantar y actuar en contra del acuerdo antes mencionado, contrariando la orden dada por la máxima autoridad en el Ayuntamiento que es el Cabildo (que es la sesión de los Regidores, Presidente municipal y la Síndica Procuradora), pues están convocando y celebrando sesiones de trabajos cuyas actividades NO SON DE LAS CONSIDERADAS COMO ESENCIALES en el referido punto de acuerdo.
Con esas actitudes de observa que en el fondo la realidad es que se pretende la paralización de las actividades de la Sindicatura Procuradora, mientras que por el contrario, buscan que el resto de las dependencias sigan desarrollando las labores en la que las autoridades antes señaladas tienen intereses, ello constituye un engaño, una falta de respeto y una burla a los tijuanenses, además, podría constituir probables faltas administrativas, las cuales en su momento serán sancionadas conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, y, en el supuesto de que se configuren hechos que sean considerados por la Ley como delitos, se presentaran las denuncias penales que correspondan ante la Fiscalía General del Estado.
Aunque han restringido mis actividades, no dejare de señalar los actos incorrectos porque esa es la función que me corresponde como Sindica Procuradora de Tijuana, y no solapare acciones contrarias a los principios que promulga nuestro Presidente de la Republica, como son no mentir, no robar y no traicionar.
