TIJUANA, MARZO 13, 2020.-Ante el grave problema que representa el robo a vehículo en Baja California, estado que ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional con más de 36 mil reportes desde 2018 a la fecha, el diputado Luis Moreno Hernández presentó una reforma al Código Penal para aumentar las penas de este delito hasta con 15 años de cárcel y en caso de tenga un agravante de violencia aumentar hasta 9 años más.
“No siempre se resuelven los temas de justicia y delincuencia incrementando penas, pero también es cierto que es muy peligroso que los mismos delincuentes circulen por las calles. La ley actualmente les permite circular. Hoy es buen momento para que en este tema en particular se pueda legislar y endurecer la pena”, comentó el legislador.
Las cifras y estadísticas son alarmantes, en enero de este año, se registraron mil 12 casos de robo de vehículo con violencia en Baja California. En los meses anteriores, la cifra no bajó de los 900 casos, es decir un promedio de 30 robos violentos por día. Esto representa el 60 por ciento de los robos a vehículos.
Moreno Hernández explicó que hay dos perspectivas en esta problemática que diariamente afectan a la ciudad. La primera es el derecho humano a la propiedad privada que tienen todas las personas y que están consagrados en la constitución. La segunda perspectiva es social, es decir no dejar avanzar ese sentimiento de despojo que tiene una persona la cual se hace colectivo y el sentimiento acumulado de despojo genera resentimiento social y este se tiene que atacar con acciones de gobierno porque este delito daña el tejido social.
“Así que hoy para hacer frente al problema y apoyar los esfuerzos de la Fiscalía del Estado, es el momento de fortalecer el marco normativo para que las cifras de robo vayan a la baja y los delincuentes paguen con prisión el descaro que tuvieron el quitarle a alguien el derecho que por ley le corresponde”, sentenció.
A esta iniciativa se le sumaron en apoyo todos los diputados presentes representantes de diversos partidos políticos y se turno a la comisión de justicia del Congreso del Estado de Baja California.
