CDMX, NOVIEMBRE 23, 2018/La Red Social y REDACCIÓN.- El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum ha declarado una crisis humanitaria en la ciudad fronteriza con Estados Unidos y el viernes dijo que solicitó apoyo a Naciones Unidas para ocuparse de los aproximadamente 5,000 migrantes centroamericanos que han llegado aquí.
El alcalde Gastelum aseguró que el gobierno federal mexicano le ha proporcionado poca ayuda y que él no comprometerá los servicios públicos de la ciudad para lidiar con la situación. Agregó que 4,976 migrantes han llegado a la ciudad.
“No tenemos la infraestructura suficiente y necesaria par atender con cabalidad a estas personas para darles un espacio digno”, dijo Gastelum en una conferencia de prensa este jueves por la tarde.
Ayer mismo su gobierno emitió un comunicado diciendo que solicitaba ayuda de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
“No voy a gastarme el dinero de los tijuanenses”, dice Gastelum en el comunicado.
En su mayor parte, la caravana de migrantes que salió de Honduras a mediados de octubre fue bien recibida en las ciudades y pueblos mexicanos que atravesó camino a la frontera. Incluso ciudades con pocos recursos se aseguraron de que los migrantes tuvieran comida y un lugar para descansar.
Sin embargo, en esos lugares la caravana se quedaba un máximo de dos noches, con la excepción de Ciudad de México. En Tijuana, muchos de los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza quieren solicitar asilo en Estados Unidos y se enfrentan a una posible espera de al menos 4 y hasta 6 meses en la ciudad fronteriza antes de siquiera tener una oportunidad de hablar con un funcionario estadounidense.
Gastelum dijo el viernes que el gobierno mexicano había mencionado enviar 20 toneladas de recursos a Tijuana apara ayudarlos, pero que tres cuartas partes eran materiales para reforzar la frontera y sólo 5 toneladas eran materiales para ayudar realmente a los migrantes.
La mayoría de los migrantes se ha sido instalados en un campamento improvisado en una unidad deportiva de la ciudad, ubicado en el barrio bravo de conocido como la Zona Norte.
Gastelum también criticó al gobierno federal por no tomar más en serio la amenaza del presidente de Estados Unidos Donald Trump de cerrar toda la frontera si las cosas se salen de control en Tijuana. “Eso es grave”, dijo.
Haciendo referencia a una protesta de un pequeño grupo de migrantes que marchó el jueves hacia uno de los cruces fronterizos de Tijuana, Gastelum dijo que dichas manifestaciones “no van a ayudar”.
Agregó que “Aquí miles de personas de Tijuana trabajan en los Estados Unidos, llegan tarde a su trabajo”, dijo. “De Estados Unidos para acá no viene turismo, no vienen las personas al sector médico. La situación se está poniendo nada cómoda”.
EN LA FRONTERA SUR, LA DESGRACIA ES AL REVÉS
En contraste el medio electrónico La Red Social publica que al menos 444 indígenas de Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo, Chiapas, desplazados por la violencia provocada por conflictos políticos y agrarios, no tienen ni qué comer ante el incumplimiento de los compromisos gubernamentales.
Los desplazados solicitaron ayuda humanitaria pues “ya no tienen qué comer” y el gobierno no ha cumplido los compromisos asumidos en las minutas firmadas, indicó Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.
Los afectados avanzan por la carretera de cuota hacia la capital del estado desde San Cristóbal las Casas, donde están viviendo en una casa que el gobierno de Chiapas renta, mientras se dan alternativas para resolver la crisis.
“El gobierno tiene interés de que se suspenda la caravana, pero los desplazados pretenden llamar la atención del próximo gobernador, Rutulio Escandón Cadenas, y del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para encontrar una solución” a la violencia que aqueja a los indígenas.
Para los indígenas es prioridad atender los reclamos de justicia y castigar a los agresores que los expulsaron de sus viviendas y ocuparon sus tierras de labranza.
“Se tienen al menos cuatro órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar”, indicó Cadenas Gordillo.
En un comunicado la Cruz Roja informó que el grupo que camina está conformado por 324 adultos y 120 niños, a quienes han provisto de atenciones médicas.
Los indígenas esperan una reunión con el mandatario estatal para exigirle que cumpla las minutas firmadas en meses pasados, y en caso de lo contrario instalarán un plantón afuera del Palacio de Gobierno.
Desde el 2015 los indígenas han vivido en San Cristóbal de las Casas y otras localidades, en espera de que el gobierno establezca las condiciones para que puedan regresar a sus comunidades.
