CIUDAD DE MÉXICO, ABRIL 16, 2018. Los candidatos presidenciales hablan mucho de lo que nos cuesta pagar las pensiones de Calderón, Fox, Zedillo y otros expresidentes, pero no han dicho nada sobre el enorme problema que se le vendrá encima a quien llegue a Los Pinos: las pensiones de los demás mexicanos.
Según especialistas, el gasto en pensiones podría ser un dolor de cabeza para el próximo presidente por dos razones: pagamos sumas muy altas a funcionarios públicos, y habrá casi 20% más pensionados a quienes el gobierno les tendrá que completar la pensión.
En 1997, el esquema de pensiones del IMSS pasó a ser de beneficio definido, esto es, sistema de reparto en donde el IMSS aseguraba una pensión, a contribución definida, o sea, cuentas individuales en las cuales cada trabajador es responsable de ahorrar para su pensión. Por su parte, hubo un cambio similar en las pensiones del ISSSTE, que además aumentó gradualmente las edades para jubilarse.
“Entre el 2021 y 2022, durante el tercer y cuarto año de gobierno de quien resulte ganador en las elecciones de este año, se pensionarán los primeros trabajadores bajo la reformada Ley del IMSS (1997) quienes, de acuerdo con estimaciones asociadas al bajo nivel de ahorro, apenas alcanzarán en promedio una pensión de 30% de su último sueldo (…) En el próximo sexenio, los mexicanos que lleguen a la edad legal de retiro se incrementarán en 20%”, advierte la afore Principal.
A decir de Moisés Pérez, socio en Pensiones de la consultora PwC, la verdadera carga en las finanzas públicas -todo el dinero que administra el gobierno-, podría no sentirse en esos años, sino hasta que realmente se empiece a jubilar una mayor proporción de personas de esta generación, alrededor del año 2030.
En el sistema de pensiones mexicano hay dos opciones: el sistema de reparto y el de cuentas individuales.
En el sistema de reparto, entran todos los trabajadores que ya estaban cotizando antes de que se hicieran cambios a la ley -1997 para el IMSS y 2007 para el ISSSTE-. A ellos se les conoce como generación de trasición y se les garantiza una pensión según el tiempo cotizado.
En el sistema de cuentas individuales prácticamente cada persona es responsable de ahorrar para su retiro en una afore.
La afore Principal considera que el creciente gasto destinado al pago de las pensiones públicas de reparto de leyes anteriores del IMSS e ISSSTE será un problema.
De manera similiar, “se siguen pagando pensiones muy altas a ex colaboradores de CFE, Pemex, Fuerzas Armadas”, así como Ferrocarriles Nacionales e incluso a ex empleados de empresas que ya no existen como Luz y Fuerza del Centro.
“La pensión de la generación de transición es la más costosa: se están pagando pensiones de 900 mil pesos anuales a servidores públicos (…) Ellos no aportan (ahorros) en el orden de 900 mil pesos al año, pero aún así se les paga”, alertó por su parte la especialista del CIEP.
Cabe mencionar que los trabajadores de CFE que entraron antes de 2008 y los colaboradores de Pemex contratados antes del 2015 no aportan para su jubilación, que se considera una prestación laboral, por lo que es un gasto que corre a cargo de la empresa.
La desigualdad en el monto de la pensión de un trabajador de la generación de transición y uno de cuentas individuales es tal que, mientras los primeros reciben una pensión equivalente a 60% de su último sueldo, los últimos recibirán –en el mejor de los casos– montos de hasta 30%.
Esta situación, en conjunto con otros factores, ha hecho que el gasto en pensiones incrementara drásticamente; mientras que en el 2000 este gasto representó 1.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), al cierre del 2017 se estima que fue de 3.6% del PIB.
Este gasto tiende a aumentar porque la generación de transición también está aumentando; llegará un punto donde se termine, pero no sabemos cuándo sea. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha calculado que “por ahí del 2035-2040 podríamos estar llegando al punto máximo de pensionados por reparto, y de ahí empieza a bajar”, dijo Alejandra Macías.
Sin embargo, en el corto plazo este gasto va a estar ocupando más presupuesto del gobierno federal, y dejará poco espacio para hacer otro tipo de políticas públicas, como invertir en infraestructura, salud, educación y otros rubros de gran relevancia.
Ante el problema que se nos vendrá encima, hay tres temas que deben preocupar a los candidatos sobre el tema de pensiones: aumentar el ahorro obligatorio de los trabajadores, disminuir el costo del pago de pensiones de la generación de transición y crear programas de educación financiera e incentivos para que la gente ahorre.
En este sentido, sólo dos de los cinco candidatos presidenciales tienen propuestas en materia de pensiones: Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.
AMLO
El candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, en su documento “Proyecto de Nación 2018-2024”, propone que parte de las pensiones unviersales para adultos mayores se financien con recursos fiscales que espera liberar en un plazo de cuatro años.
“Es preciso que los proyectos dignifiquen a los adultos mayores que han quedado fuera de los esquemas tradicionales de pensiones”, se lee en el documento.
Al respecto, la especialista del CIEP explicó que en primera instancia se tendría que moderar el gasto en pensiones de la generación de transición para poder financiar esta medida, que no necesariamente generaría una pensión digna.
“Habría que ver de cuánto sería la pensión, porque la que existe ahora es muy chiquita (…) Se puede decir que va a dar una pensión general, pero ¿de qué monto? ¿Estamos hablando de una pensión en realidad? Porque una pensión debería estar cubriendo necesidades básicas, enfermedades, etcétera; si no, se trata de un apoyo o un subsidio“, dijo.
Anaya
Por su parte, el candidato de la coalición Por México al Frente propone “reformar el sistema de pensiones del país, para garantizar una pensión suficiente para el retiro digno de trabajadores y trabajadoras”.
Para ello, tiene tres propuestas principales. La primera es incrementar las aportaciones para el fondo de retiro, que es básicamente elevar el ahorro obligatorio del trabajador, que ahora es de 6.5%, a una proporción más alta.
Aunque esta es una propuesta que han hecho varios expertos en pensiones, no se ha concretado principalmente porque los salarios en el país son muy bajos, y de obligar al trabajador a ahorrar más, tendría menos recursos para solventar necesidades básicas, dijo la especialista del CIEP.
“No se ha hecho por la parte del mercado laboral. Habría que ver si él (Ricardo Anaya) tiene consultado este impacto en los salarios“, explicó.
Asimismo, propone reducir las comisiones de las afores, un rubro en el que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) mantiene un papel activo desde el 2010, ya que previamente aprueba los costos que cobrarán las administradoras a los trabajadores.
“Las comisiones han ido bajando por ley, dado que la Consar lo ha regulado; siguen siendo altas, pero es parte de la normatividad que ya existe”, dijo la especialista.
Pero ni el candidato priista José Antonio Meade, que fue secretario de Hacienda, ni los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco” han tocado el tema, que tendrán que resolver si ganan la contienda electoral.
“Nos gustaría ver que cada uno de los candidatos plantee diagnósticos profundos y propongan soluciones reales a este problema. Quien resulte ganador en la elección del primero de julio tendrá el gran reto de enfrentar la crisis de las pensiones en México y es importante saber cómo lo piensa solucionar“, alertó la afore Principal.
En el debate presidencial del 12 de junio se tocarán los temas de economía y desarrollo, en donde el problema de las pensiones podría abordarse; pero incluso antes de eso, los candidatos presidenciales tienen una oportunidad para demostrar que tienen algo que decir sobre el gasto que significarán las pensiones, lo que probablemente los obligará a repensar cómo administran el dinero de los mexicanos.
Con información de Huffpost
