MEXICALI, B.C., MARZO 4, 2018.  El diputado Bernardo Padilla Muñoz (PRI), presentó  ante la máxima tribuna del Poder Legislativo, iniciativa de reforma a los artículos 7 y 15 de la Ley de Educación del Estado, mediante la cual se propone garantizar que todos aquellos egresados de instituciones públicas de educación superior, puedan obtener su título académico del nivel licenciatura.

En su exposición de motivos, Padilla Muñoz argumentó, que la educación es el pilar de la sociedad, y la preparación profesional es la meta y el anhelo de los jóvenes, por lo cual obtener el título de una licenciatura, es un logro que conlleva grandes satisfacciones personales y familiares. “Además del sentir subjetivo, la titulación es trascendental para iniciar un ejercicio profesional con bases sólidas y permite tener mayor oportunidad de empleabilidad”.

No obstante después de haber cumplido con todos los requisitos académicos, miles de egresados de la carrera profesional no obtienen su título por motivos de índole económico, circunstancia que afecta la motivación personal y desincentiva la incorporación profesional y económica de la juventud que no perciben los frutos y beneficios por su esfuerzo y preparación académica de tantos años, explicó.

El legislador señaló que esta propuesta es motivada por los jóvenes bajacalifornianos quienes requieren un último aliciente para iniciar una vida productiva, económica y prospera.

El inicialista detalló que esta representa una erogación aproximada para el Poder Ejecutivo de 50 millones de pesos, es decir el 0.001 por ciento del presupuesto de egresos, lo que permitiría la titulación de más de 15 mil alumnos.

Por lo anterior, la proposición presentada plantea designar por parte del Poder Ejecutivo del Estado, en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, el recurso económico suficiente para garantizar la erogación, que permita cubrir el costo total de titulación a nivel licenciatura de todas las instituciones públicas de educación superior de la Entidad.

La presente iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Hacienda y Presupuesto para su análisis jurídico a fin de revisar su viabilidad y dictaminar en consecuencia